Resumen: La parte recurrente alega que la huella del acusado encontrada en un joyero que había en el interior de la vivienda en la que se cometió el robo no puede considerarse prueba de cargo suficiente para fundamentar una condena por no ser válido el informe pericial lofoscópico, en el que llega a la conclusión de que la huella encontrada es del acusado, tras ser comparada con una reseña anterior de éste, lo que no es admisible, pues la huella indubitada con la que se debería haber comparado debía ser la del momento de su detención o la obtenida por autorización judicial, como señala la jurisprudencia, haciendo referencia a una STS de 3 de julio de 1991. La Sala rechaza tal argumentación considerando que la jurisprudencia que se menciona en dicha sentencia ha sido superada pues existe en la actualidad un registro electrónico de huellas dactilares, denominado Sistema Automático de Identificación Dactilopalmar (SAID), integrado por las tarjetas y reseñas lofoscópicas de las personas que son identificadas, no por nombre o filiación, sino por un número de código y que son obtenidas y registradas siguiendo los protocolos establecidos al respecto, perfectamente homologados, siendo al que se remiten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando detienen a una persona, para su identificación, o para hacer el informe lofoscópico. Se hace mención a la jurisprudencia del TS relativa al valor probatorio de las huellas dactilares, que indica, de manera reiterada, que la prueba pericial dactiloscópica constituye una prueba plena en lo que respecta a la acreditación de la presencia de una persona determinada en el lugar en el que la huella se encuentra y permite establecer, con seguridad,prácticamente absoluta, que sus manos han estado en contacto con la superficie en la que aparecen impresas, por lo que ningún obstáculo existe para la plena eficacia a tal labor identificativa de la huella dactilar encontrada con la del acusado. Se deja sin efecto la responsabilidad civil por el delito de robo, al no estar acreditados los objetos sustraídos pues, atendiendo a la declaración del perjudicado en cuanto a la dinámica de los dos robos sufridos en la vivienda, la relación de objetos referidos como sustraídos si bien el mismo indica que se refieren al segundo robo, resulta que lo fueron en el primero de los robos, que no son objeto de enjuiciamiento.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de robo con intimidación en grado de tentativa pero rebaja la pena al apreciar la concurrencia de la circunstancias atenuante analógica de adicción a las drogas. Alcance de la revisión de la sentencia de instancia por el tribunal de apelación cuando concurre la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia: el juicio de revisión. El que un órgano judicial otorgue mayor valor a un testimonio que a otro forma parte de la valoración judicial de la prueba y no guarda relación ni con el principio de igualdad ni con el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Valor como prueba de cargo de la prueba indiciaria: sus requisitos. El respeto a la valoración de las pruebas de carácter personal efectuada en la instancia. La atenuante de de drogadicción en sus distintas alternativas. Se aprecia la analógica por la influencia en la comisión del hecho del consumo habitual de estupefacientes.
Resumen: Se apela la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de sustancias en establecimiento penitenciario. El recurrente alega error en la apreciación de la prueba dado que no se ha acreditado que los hechos encajen en el art. 368 C.Penal, aduciendo que simplemente se trató de la exhibición de un trozo de hachís de un preso a otro, pues la persona que lo cogió procedió a devolverlo, no saliendo el trozo de hachís del "dominio del hecho" del recurrente. También que la sustancia intervenida al acusado, 4.96 gramos de hachís, se halla dentro de los límites del autoconsumo. La Audiencia desestima el recurso, señalando que la conducta del recurrente, al entregar la droga a otro interno, se encuadra en el tipo penal mencionado, ya que se ha transferido la posesión de la sustancia, independientemente de que esta fuera devuelta. No se trató de una mera exhibición, como se pretende el apelante, sino que el acusado transfirió la posesión de la droga al otro interno, aun cuando éste la rehusó, ante la observación de los hechos por parte del funcionario de prisiones que depuso en el plenario. Tal conducta del acusado se incardina en el art. 368 CP, delito de los llamados de riesgo o peligro abstracto y de consumación anticipada, en el que se castiga como delito consumado cualquier actividad tendente a procurar o facilitar la droga a terceras personas. La aplicación del subtipo agravado del art, 369.1.7 CP es válida, ya que no se requiere la efectiva difusión de la droga, sino que se aplica por el mero hecho de que la conducta se realice en un centro penitenciario, lo que incrementa el desvalor de la acción.
Resumen: El mensaje fue enviado desde el móvil de la hija común menor de edad al móvil de la madre al igual que otro día envió dos mensajes desde el móvil de la hija común, dirigidos también a la madre, los cuales borró a continuación. El delito se ha cometido por cuanto ha habido comunicación con la denunciante, utilizando el móvil de la menor y sobre todo porque los mensajes, ya sea partiendo de la traducción de seprotec o de cualquier otra son literosuficientes y van dirigidos a la persona que los recibió, la denunciante.
Resumen: Se recurre la sentencia condenatoria impuesta por la comisión de un delito de robo con intimidación en grado de tentativa en un establecimiento comercial, con la concurrencia de la agravante de reincidencia y la atenuante analógica de trastorno mental por drogadicción.
Los hechos probados indican que el acusado intentó sustraer un bolso de un establecimiento, siendo interceptado por vigilantes de seguridad a quienes amenazó reiteradamente con armas y violencia.
El recurrente interesa la revocación de la sentencia y la calificación de los hechos como delito leve de hurto en grado de tentativa, con pena de multa, alegando error en la valoración de la prueba y contradicciones en las declaraciones testificales.
La Sala tras analizar las pruebas, fundamentalmente los testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad, conforme a los principios de inmediación, oralidad y contradicción, concluyó que la valoración realizada por el juzgador de instancia fue racional y ajustada a derecho, existiendo prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y confirmar la autoría del acusado, maxime cuando la intimidación fue acreditada por los testigos que pusieron de manifiesto la conducta del acusado aunque no se captaran por la cámaras de seguridad imágenes concretas de las que se desprenda cierta intimidación pues ello no es sinónimo de su inexistencia, dados los referidos testimonios.
Por lo que la sentencia fue confirmada.
Resumen: En el caso de lesiones dolosas, el baremo de la circulación es orientativo y no vinculante. En materia de delitos dolosos, resulta pacífica la conveniencia de cierto incremento respecto de los importes inicialmente establecidos, con base en el mayor dolor (daño moral) que el padecimiento de esta clase de conductas, intencionadas, pueden originar en el ánimo de quien las sufre, frente a las meramente imprudentes. La juzgadora de instancia no hace mención explícita a la aplicación del baremo de la Ley 35/2015 para fijar la indemnización, lo que no quiere decir que la establezca de forma arbitraria o ilógica, sino que partiendo de las cantidades solicitadas por las acusaciones toma en consideración la escasa gravedad intrínseca de la acción lesiva, consistente en unas bofetadas y un agarrón de pelo, que derivó en una contusión facial y craneal leve, sin secuelas físicas, y si bien considera probado que tales hechos derivaron en una agravación de un trastorno mental previo, en base al informe forense, considera que se trata de una agravación muy ligera, lo que la conduce a fijar la indemnización de forma conjunta en 2000 €. Tal criterio resulta equitativo, ponderado y acomodado a las circunstancias del caso.
Resumen: El recurso de apelación interpuesto se basa en tres motivos fundamentales: error en la valoración de la prueba y vulneración de la presunción de inocencia; infracción del principio in dubio pro reo; y desproporción en la pena impuesta. El error en la apreciación de la prueba se articula en torno a supuestas contradicciones entre los agentes de la Guardia Civil y a la afirmación de que el acusado desconocía la existencia de la droga hallada en el vehículo que conducía. La Sala, tras revisar la grabación del juicio oral y las pruebas practicadas, concluye que la valoración efectuada por la juez de instancia es lógica, racional y ajustada a las reglas de la sana crítica. Destaca que los testimonios de los agentes, prestados en el plenario con todas las garantías, constituyen prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Además, el razonamiento indiciario seguido basado en la posesión del vehículo, la falta de acreditación de la compraventa y la imposibilidad de que un tercero hubiera introducido la droga sin conocimiento del acusado es coherente y conforme a la experiencia común. En cuanto al principio in dubio pro reo, el Tribunal señala que dicho principio solo opera cuando el juzgador manifiesta duda razonable sobre los hechos, lo que no ocurre en el caso. La juez de instancia declaró los hechos como probados de forma categórica y motivada, sin expresar incertidumbre. El motivo, relativo a la falta de proporcionalidad de la pena, se estima parcialmente. El Tribunal reconoce que, aunque la cantidad de droga incautada permite aplicar el subtipo agravado por notoria importancia, la sentencia de instancia no motivó suficientemente la imposición de una pena superior al mínimo legal. Considera desproporcionado castigar con igual severidad conductas de muy diferente entidad dentro del mismo subtipo, por lo que, aplicando el principio de proporcionalidad, reduce la pena a tres años y un mes de prisión y multa de 35.000 euros.
Resumen: Se recurre en apelación la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, tras atropellar y causar la muerte a una peaton de 87 años al realizar una maniobra prohibida de marcha atrás en una calle de un solo carril, sin adoptar las precauciones necesarias, atravesando un paso de peatones por donde cruzaba la víctima correctamente. El apelante alega error en la valoración de la prueba, solicitando la calificación del delito como imprudencia menos grave, asi como la no apreciación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la infracción del principio de proporcionalidad de la pena. Tras examinar las actuaciones y visionar la grabación del juicio oral, el tribunal confirma la valoración probatoria realizada en primera instancia, basada en testimonios presenciales, informes periciales y el reconocimiento parcial del acusado, que acreditan la comisión del delito conforme al artículo 142.1 CP estimando adecuada la calificación como imprudencia grave. Se rechaza la alegación de error en la valoración de la prueba, pues el juzgador fundamentó adecuadamente su convicción y no se aportaron elementos que desvirtúen el relato fáctico. En cuanto a la atenuante de dilaciones indebidas, se reconoce la concurrencia de la atenuante muy cualificada debido a la prolongación indebida del procedimiento por más de veinticinco meses sin causa imputable al acusado, por lo que se reduce la pena de prisión a un año y la privación del derecho a conducir a un año, manteniéndose el resto de pronunciamientos de la sentencia de instancia.
Resumen: Se cuestiona en el recurso que el robo con fuerza en las cosas por el que han sido condenados los apelantes, además de un tercero, no se ha cometido en casa habitada ya que el propietario no vivía regularmente en dicha vivienda, cuestionándose, además, su intervención en los hechos ya que se encontraban en el exterior de la casa cuando fueron detenidos. La sentencia rechaza el recurso ya que el Código Penal no distingue entre casa habitada permanentemente y casa en la que los moradores se encuentran ausentes, sino la entrada en un domicilio ajeno, ya que, en general, casa habitada equivale a vivienda, piso o domicilio, según se determina en la sentencia del TS que se cita, estableciendo la ley implícitamente el requisito de habitualidad al determinar que la ausencia del titular puede ser accidental, por lo que comprende tanto los casos en que los moradores se encuentran dentro de la casa como aquellos otros en que están momentáneamente ausentes y, en el caso, el propietario de la vivienda tenía instalada una alarma y había en su interior objetos personales de sus moradores que fueron sustraídos por los autores del hecho, independientemente de que se encontraran ausentes en determinados momentos o temporadas. Existencia de prueba de cargo sobre la intervención de los recurrentes en el robo ya que los agentes policiales manifestaron que cuando entraron en el domicilio, los del interior les dijeron que había dos personas fuera, siendo un menor quien les proporcionó las características físicas de estos y sobre todo cómo iban vestidos, localizando a estas dos personas, los ahora recurrentes, en actitud vigilante, lo que constituye prueba suficientes para enervar el derecho a la presunción de inocencia que ampara a los recurrentes.
Resumen: Recurso contra sentencia absolutoria: límites de la modificación de la declaración de hechos de la sentencia de instancia. No se trata de un supuesto de ausencia de racionalidad ni de atribución de criterios de valor a los datos de prueba que respondan a fórmulas epistémicas absurdas, a máximas de experiencia inidentificables o al desnudo pensamiento mágico, ignoto o inexplicable. No es posible identificar una irracionalidad ponderativa que pudiera legitimar la declaración de nulidad de la resolución combatida.
